José Ruiz-Cámara

Recientemente nos detuvimos en la entrada en vigor del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. En él se articula un mecanismo de protección del socio minoritario, decíamos, que en determinadas circunstancias no obstante pudiera convertirse en un instrumento de presión.

En síntesis y para quien no nos leyera, el precepto en cuestión confiere a los socios de entidades mercantiles no cotizadas un derecho a separarse de la sociedad (y establece la obligación correlativa de ésta de comprar las participaciones) si no se distribuyen dividendos a partir del quinto ejercicio contado desde la constitución de la sociedad. El derecho queda condicionado a que el socio haya votado a favor de la distribución de, al menos, un tercio de los beneficios por actividades ordinarias obtenidos durante el ejercicio anterior.

Pues bien, pocos días después de publicar nuestro análisis, la Dirección General de los Registros y el Notariado publicó sendas resoluciones en que se analizan aspectos prácticos del precepto en cuestión que, a nuestro juicio, son un complemento interesante a dicho análisis.

El supuesto de hecho analizado es el de un socio que participaba en dos mercantiles de naturaleza familiar que tenían actividad en el sector hotelero, en distintas localidades andaluzas. La actividad se había venido desarrollando durante más de cinco años – con beneficios operativos – y el socio en cuestión había solicitado sin éxito que se repartieran dividendos en los términos del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, a lo que los administradores se habían negado.

A la vista de esta negativa, el socio ejercitó el derecho de separación y, para ello, solicitó a los Registros Mercantiles el reconocimiento de tal derecho y la designación de un experto independiente para valorar sus participaciones sociales. Las dos sociedades estaban radicadas en localidades distintas; uno de los registradores resolvió favorablemente a la solicitud y el otro la rechazó.

Cada una de las partes implicadas (los administradores sociales y el socio) recurrieron la calificación que le era desfavorable ante la Dirección General de los Registros. Ésta dictó dos resoluciones muy similares en las que se daba la razón al socio minoritario.

En primer lugar, la Dirección General concluye que el Registrador mercantil es competente para resolver sobre el ejercicio del derecho de separación del socio, sin necesidad de recurrir a los Tribunales. En segundo lugar, las resoluciones indican que los beneficios repartibles a los socios comprenden el beneficio operativo, en el que se incluyen tanto ingresos financieros como los dividendos que, en su caso, haya percibido la entidad de sociedades participadas por ella. Estos pronunciamientos acotan el ámbito de un precepto que está llamado a generar polémica.