José Ruiz-Cámara

El 26 de junio de 2017 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo 848/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre procedimientos de insolvencia que deroga el vigente Reglamento Europeo de insolvencia 1346/2000, de 29 de mayo. Con esta norma se persigue armonizar el tratamiento  de insolvencia transfronteriza y reducir los conflictos interjurisdiccionales. A tal fin se regulan la competencia judicial internacional, la Ley aplicable y otras materias que han venido suscitando problemas, tales como el reconocimiento de resoluciones en materia de insolvencia, la coordinación entre procedimientos principales y secundarios o el tratamiento de los concursos de empresas pertenecientes a un grupo.

En un comunicado, la Comisión Europea ha ilustrado el propósito de la nueva regulación, que cifra en una mayor protección a los acreedores en supuestos de insolvencia transfronterizos. También se persigue promocionar la reestructuración de empresas en dificultades y, a tal fin, promover el recurso a las instituciones concursales. Asimismo, dotar al acervo jurídico comunitario de esta regulación persigue evitar el «turismo concursal» y fomentar las inversiones entre Estados Miembros.

Numerosos autores consideran que la entrada en vigor de este Reglamento obligará a varios de dichos Estados Miembros a introducir modificaciones en sus respectivas normas nacionales, con el fin de adaptarlas. A este respecto, y sin perder de vista la eficacia directa de los Reglamentos de la Unión, determinadas previsiones normativas internas pueden entrar en conflicto con lo dispuesto en ellos, y es preciso ajustarlas.

Entrando a analizar el contenido del Reglamento, llama la atención que si bien lo integran 45 artículos más que los del Reglamento al que ha sustituido, se ha buscado que ambos tengan una estructura similar. Con ello se trata de aclarar las dudas interpretativas surgidas al aplicar la anterior norma y facilitar, no obstante, su comprensión a los operadores jurídicos.

Una de las novedades más relevantes del nuevo Reglamento consiste en la inclusión de los procedimientos preconcursales en su ámbito de aplicación. Dichos procedimientos representan una herramienta muy valiosa para afrontar las crisis empresariales y han demostrado su eficacia para la gestión de insolvencias. Sin embargo, su encaje en el anterior Reglamento era forzado y a menudo resultaba difícil hacer valer determinados acuerdos preventivos de la insolvencia en Estados distintos de aquél donde se habían alcanzado. Con ello se reducía su eficacia e impedía ponerlos en práctica en determinados momentos. Esta dificultad se ha soslayado ampliando ámbito de aplicación del Reglamento (art. 1,1)

Los procedimientos preconcursales previstos por la ley española que encajan en esta nueva definición de la figura son i) el procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación, ii) el procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago y iii) los procedimientos de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio».

El Reglamento se ha enfrentado al turismo concursal estableciendo un control de oficio de oficio e introduciendo un mecanismo similar a la declinatoria, accesible al propio deudor o a los acreedores que discrepen de la competencia internacional del órgano en cuestión. Asimismo se ha desarrollado la regulación en materia de competencia internacional para la apertura del procedimiento principal. La regla es que dicha competencia se atribuye a los órganos jurisdiccionales del estado miembro donde radique el centro principal de intereses del deudor. El Reglamento establece la presunción iuris tantum de que dicho centro coincide con el domicilio social efectivo de personas jurídicas, el centro principal de la actividad en supuestos de insolvencia de empresarios o profesionales persona física y el lugar de residencia habitual para personas físicas que no desarrollen actividades empresariales.

La seguridad jurídica también queda reforzada mediante la regulación unificada de los registros públicos en materia de insolvencia. El Reglamento establece un contenido y estructura mínima para la información que deberán recoger e impone que se interconecten para proporcionar información ágil y fiable sobre la insolvencia de deudores extranjeros y facilitar el ejercicio de los propios derechos.