Lidia Posada García

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece una aparente protección de los bienes del cónyuge no deudor en régimen de gananciales. El artículo 541 permite que el cónyuge no deudor pueda oponerse a la ejecución de embargos derivados de una deuda de su esposo o esposa y opte por pedir la disolución de la sociedad conyugal. En tal caso el tribunal resolverá sobre la división del patrimonio. El requisito es que, según disponga el resto de la legislación aplicable a cada tipo de deuda, los bienes gananciales no estén afectos.

Los límites de las deudas del empresario vienen establecidos en los artículos 6 y 7 del Código de Comercio [1], que conservan la redacción original:

Artículo 6. En caso de ejercicio del comercio por persona casada, quedarán obligados a las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con esas resultas, pudiendo enajenar e hipotecar los unos y los otros. Para que los demás bienes comunes queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos cónyuges.

Artículo 7. Se presumirá otorgado el consentimiento a que se refiere el artículo anterior cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge que deba prestarlo.

Es decir, el conocimiento es consentimiento. O lo que es lo mismo, si cuando el empresario comenzó la actividad, su cónyuge no manifestó, por conducto fehaciente, su oposición al desarrollo de la tal actividad, responderán de la deuda mercantil todos los bienes gananciales.

En este punto, cabe recordar que salarios y otros emolumentos se incluyen como bienes gananciales:

Artículo 1347 del Código Civil. Son bienes gananciales: 1. Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. (…)

El salario del cónyuge no empresario puede tener que responder de la deuda mercantil. Podría pensarse si existe una distinción entre la deuda del comerciante autónomo, derivada puramente de su actividad (como la deuda a un proveedor), y la responsabilidad solidaria respecto de la deuda de una persona jurídica propia de los administradores.

Juzgados y Tribunales ya han abordado este debate para concluir que el importe derivado de la condena por responsabilidad solidaria o subsidiaria del administrador es, igualmente, una deuda comercial que debe regirse por las normas extensivas del Código de Comercio y Código Civil. Es interesante a este respecto la valoración contenida en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12ª, 455/2015 de 16 de diciembre de 2015.

Madrid, 22 de septiembre de 2017

[1] En el mismo sentido arts. 1.362 y siguientes del Código Civil.