Como es sabido, el “compliance” o política de cumplimiento normativo es un sistema o conjunto de medidas destinados a prevenir la comisión de delitos. Un programa de cumplimiento normativo incluye la elaboración de un código de conducta, pero va mucho más allá. Implica una investigación previa, en el curso de la que se identifican los riesgos y las medidas adecuadas para hacerles frente y, aún más, la implantación de un compromiso ético que pase a formar parte de la conducta de todos los empleados. Un compromiso de respeto a las normas.

Los programas de cumplimiento normativo son la forma que el legislador ha puesto a disposición de las personas jurídicas para enfrentarse a su nueva y reciente condición de sujetos activos del delito. Una política de “compliance” correctamente diseñada e implantada permite exonerar a la persona jurídica de las consecuencias del delito.

Hemos recibido varias consultas relativas a las consecuencias de la comisión de un delito de los que llevan aparejada responsabilidad penal en el seno de una empresa que carece de compliance.

Las consecuencias adversas de la comisión de un delito se pueden reducir si, una vez advertida la comisión del delito pero antes de tener conocimiento de que el procedimiento judicial se dirige contra la persona jurídica, se adoptan determinadas medidas.

Tales medidas se concretan en confesar la infracción a las autoridades y colaborar en la investigación, de forma relevante para esclarecer los hechos. Asimismo, es preciso haber contribuido a la reparación o atenuación del daño causado por el delito de que se trate y establecer, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. Dicho de otra manera, implantar un programa de cumplimiento normativo después de la comisión del delito puede tener efectos muy favorables para la persona jurídica en cuyo seno se ha cometido un delito.

Como decíamos, elaborar e implantar un programa de compliance normativo que reúna todos los requisitos legalmente exigibles es un proceso largo. Es preciso llevar a cabo todas las medidas y averiguaciones que exige la norma y las distintas resoluciones que la han desarrollado (señaladamente las circulares del Ministerio Fiscal) Asimismo, es imprescindible documentar adecuadamente todos los pasos que se den, con el fin de acreditar llegado el momento la idoneidad de las medidas adoptadas.

Debido a esta complejidad, si se persigue esgrimir la implantación del programa de compliance en sede del procedimiento penal, resulta aconsejable ponerlo en marcha cuanto antes, tras la detección del delito.