Los magistrados estiman un recurso interpuesto por el Grupo Socialista del Congreso al considerar que se vulneró el art. 86.1 de la Constitución. Este precepto prohíbe el uso de la vía urgente del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten «de forma relevante o sustancial» a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, entre los cuales se encuentra el de « contribuir al sostenimiento de los gastos públicos«.

El Pleno del TC declara nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recogía la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10%, sin imposición de sanciones, intereses ni recargos, y concluye que la medida impugnada ha tenido tres «importantes efectos». En primer lugar, permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas «a un tipo reducido»; además, eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de «la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria». Y, en tercer lugar, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación «en renta declarada a todos los efectos».

No obstante, y en aras a preservar la seguridad jurídica, el TC considera que las regularizaciones realizadas al amparo de esta amnistía “deben declararse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo”.

Como es sabido, por regla general la nulidad de los actos jurídicos opera ex tunc, es decir la nulidad extiende en principio sus efectos al nacimiento del acto jurídico nulo. A consecuencia de tal extensión de efectos habría sido preciso devolver las cosas al estado en que se encontraban en el momento de decretarse la amnistía fiscal. La consecuencia práctica inmediata sería la pérdida de los beneficios o exenciones parciales a quienes se acogieron a dicha amnistía.

Sin embargo, no es menos cierto que tal decisión habría pugnado con el principio de seguridad jurídica. Por muy criticable que sea – y lo es – el fondo o contenido de la medida, llevar retroactivamente y hasta sus últimos efectos los efectos de la nulidad habría generado una inseguridad jurídica incompatible con el artículo 9.3 de la Constitución Española. Una de sus manifestaciones es, precisamente, la irretroactividad de las disposiciones normativas desfavorables.

En definitiva, la decisión del Tribunal Constitucional resuelve un conflicto entre dos principios constitucionales del mayor rango, generado por una política legislativa que, en el mejor de los casos, cabe calificar de irreflexiva y precipitada.