Cuestiones fiscales derivadas de la condena en costas.

Con frecuencia, nuestros clientes nos han consultado en relación con el tratamiento fiscal de la condena en costas al término de un procedimiento. A menudo, tanto la parte condenada como la beneficiada por la condena cometen errores a este respecto, por lo que no está de más repasar algunas ideas.

Para el condenado al pago de las costas procesales, éstas representan una pérdida o quebranto patrimonial a efectos fiscales, que hay computa como un gasto desgravable en el período impositivo en que gane firmeza el pronunciamiento de condena.

Las autoridades tributarias han considerado que el beneficiario de la condena, cuando se le hacen efectivas las costas, recibe un ingreso que representa una ganancia patrimonial. A pesar de que las costas están previstas como forma de reintegrar a la parte los gastos en que ha debido incurrir para su defensa, no están exentas a efectos del IRPF por no considerarse indemnización. De ahí que represente una a efectos de IRPF.

La condena en costas no tiene efectos o consecuencias tributarias para letrados ni procuradores. Hay jurisprudencia reiterada que considera las costas un crédito del cliente, es decir un derecho que no corresponde a la dirección letrada ni al procurador. Su naturaleza restitutoria de los gastos de defensa determina que únicamente tenga consecuencias fiscales para las partes en el procedimiento, pero no para los profesionales que han intervenido en él.

Por lo que respecta a la formalidad de la tasación, como es sabido la práctica generalizada consiste en emitir una proforma (no es correcto emitir minuta) por los honorarios calculados de acuerdo con los criterios orientadores del Colegio profesional del lugar donde se haya tramitado el procedimiento.

Es improcedente emitir factura a la parte condenada a abonar las costas, dado que la parte condenada no es receptora de los servicios que serían objeto de la factura en cuestión. Por tanto, no procede emitir minuta sino únicamente un documento acreditativo de su pago y, en su caso, liberatorio o de renuncia a la reclamación.

Es un error que la parte condenada al pago de las costas se deduzca (en su caso) el IVA correspondiente a los servicios que fueron prestados a la parte beneficiaria de la condena en costas. La parte condenada al pago de las costas debe restituirlas a la parte beneficiaria pero, al no ser el destinatario de los servicios generadores del IVA, no tiene derecho a deducirlos de su declaración.

Consecuentemente con todo lo anterior, las partes en el incidente de tasación de costas no tienen obligación de incluir el pago ni la percepción en su declaración anual de operaciones con terceros.