El pasado 27 de junio de 2014 se publicó en el DOUE el Reglamento 655/2014, de 15 de mayo, por el que se establece un procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. Su objetivo es intensificar y facilitar la cooperación judicial entre los Estados miembros en materia civil y mercantil y encuentra su fundamento en el artículo 81.2 del TFUE (antiguo art. 65 TCE).

El reglamento pretende hacer frente a tres problemas: las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros para obtener una orden de retención de cuentas bancarias en un Estado miembro, la dificultad de hacer valer medidas provisionales adoptadas inaudita parte y en tercer lugar, la dificultad de obtener información sobre las cuentas bancarias de un deudor extranjero.

El reglamento es aplicable desde el pasado 18 de enero de 2017 y sólo quedan fuera del ámbito de aplicación Dinamarca y Reino Unido. El ámbito de aplicación del Reglamento son las “deudas pecuniarias en materia civil y mercantil en asuntos transfronterizos” (art. 2.1)

El Reglamento opera con independencia de la naturaleza del orden jurisdiccional que dicta la resolución. Por ello, se aplica en procedimientos ante la jurisdicción laboral con excepción de deudas relativas a la seguridad social.

El acreedor podrá solicitar la Orden de Retención antes de la incoación del procedimiento, durante su tramitación o bien después de haber obtenido de un Estado miembro una resolución judicial, transacción judicial o documento público equivalente, con fuerza ejecutiva. La Orden coexiste con las medidas de los derechos procesales nacionales de los Estados miembros, en ningún caso las elimina, sino que es planteada por el legislador europeo como una opción más entre las que podría contar el acreedor para asegurarse la ejecución de su deuda.

A continuación se analizan algunos de los requisitos más llamativos del Reglamento 655/2014:

El acreedor debe justificar el fumus boni iuris y el periculum in mora en términos sustancialmente idénticos a los que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil para las medidas cautelares.

No es precisa asistencia letrada para la solicitud de la Orden de Retención.

El procedimiento se desarrollará inaudita parte. Si bien se primará la agilidad en la tramitación de la Orden, se establecerán una serie de garantías para prevenir el abuso de este derecho y proteger al deudor. Por regla general, si el acreedor no tiene reconocido judicialmente su crédito tiene que prestar caución (art. 12.1), a menos que acredite no disponer de medios económicos suficientes o cuando la cuantía de la deuda sea de escasa entidad y el juez no lo estime necesario. Sensu contrario, si el acreedor ya tiene reconocido su crédito será el juez el que decida si es necesario solicitar caución en base a las circunstancias del caso concreto.

El Reglamento regula el procedimiento y motivos de impugnación (art. 33) de la Orden de Retención, ante el órgano jurisdiccional competente, pudiendo impugnarse tanto la decisión como la cuantía de la caución exigida al acreedor. También es posible la impugnación por terceros, siempre y cuando lo admita el derecho del Estado miembro de origen, así como la modificación o revocación de la orden en caso de que las circunstancias cambien.