José Ruiz-Cámara

Como todos hemos sufrido en alguna ocasión, la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa exige en todo caso lo que denomina “agotar la vía administrativa”. Es decir, que antes de poder acudir a los tribunales contencioso-administrativos, quien pretenda reclamar frente a un acto administrativo necesariamente debe interponer todos los recursos que le permite la legislación sobre la materia.

Esta condición previa ocasiona retrasos que en ocasiones se prolongan durante años – habida cuenta de la lentitud de nuestra administración – y pone de esa manera en cuestión el derecho a la tutela judicial efectiva, que está consagrado en la Constitución. La referida lentitud es particularmente grave en el ámbito tributario, donde la litigiosidad es elevada debido, por una parte, a la agresiva (por no decir insostenible) interpretación que de las normas hacen los servicios de inspección y, por otra, a la falta de medios de los Tribunales Económico-Administrativos.

La combinación de estos retrasos con el principio de autotutela – que permite a la administración ejecutar sus resoluciones sin necesidad de que nadie las refrende y, en particular, sin auxilio judicial – ocasiona gravísimos perjuicios a los administrados, que con frecuencia se ven obligados a afianzar las deudas tributarias o ven embargado su patrimonio durante años sin que ningún juzgado imparcial revise la situación.

La sentencia de 21 de mayo de 2018 del Tribunal Supremo (recurso número 815/2018) ha suprimido la necesidad de la revisión administrativa previa al acceso a los tribunales cuando la impugnación se basa únicamente en la ilegalidad de un reglamento o la inconstitucionalidad de una disposición legal aplicadas al dictar el acto objeto de la impugnación.

Es oportuno precisar que la exención del agotamiento de la vía administrativa sólo procede si la ilegalidad o inconstitucionalidad en que se apoya el recurso no ha sido previamente declarada por los órganos judiciales. En este caso, la administración sí es competente para resolver la cuestión – y en consecuencia, es preceptivo agotar la vía administrativa previa.

El razonamiento de la sentencia se basa en que la Administración no es el órgano constitucionalmente competente para analizar esta cuestión. La Constitución en su artículo 117 atribuye a los tribunales la competencia “en exclusiva” para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por este motivo, hasta la sentencia a la que nos referimos se producía el estéril trámite de formular una solicitud en vía administrativa que resultaba sistemáticamente desestimada por una resolución calcada en todos los casos, pero que provocaba los graves retrasos a los que nos hemos referido y añadía una carga administrativa a los órganos que debían tramitarla.

A pesar del sinsentido, los tribunales contencioso-administrativos exigían el agotamiento de la vía administrativa previa puesto que la ley así lo preveía; sin embargo, el Tribunal Supremo en la sentencia que analizamos interpreta que el contribuyente está legitimado para interponer recurso contencioso-administrativo sin agotar previamente la vía administrativa previa. El principal argumento radica en que la tutela judicial efectiva, garantizada por el artículo 24 de la Constitución, debe prevalecer sobre el derecho de la Administración a revisar sus propios actos, que por el contrario no tiene reflejo constitucional y debe ceder, consecuentemente, frente a un derecho fundamental.

La sentencia aplica una inatacable lógica de economía procesal y garantista para el administrado, que reduce la presión sufrida por dichos administrados procedente de una administración que se ha venido valiendo de los retrasos en la tramitación de los recursos (y del coste asociado a ella, en términos de honorarios profesionales y financieros, por la necesidad de garantizar las sanciones) para que los administrados aceptasen sanciones o recargos injustos, pero que necesitaban resolver con rapidez.

Aunque la resolución se refiere a una cuestión tributaria, es sin lugar a dudas aplicable por analogía a la impugnación de actos administrativos – con independencia de la naturaleza o el ámbito en que se dicten – siempre que el recurrente únicamente invoque la ilegalidad o inconstitucionalidad de las normas que los fundamentan.